miércoles, 16 de diciembre de 2009

Fwd: El Parlament aprova la Llei del CIRE



El ple ha aprovat aquest matí la llei de regulació del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire) per 128 vots a favor, de CiU, PSC-CpC, ERC, PPC i ICV-EUiA, i 3 abstencions, del Grup Mixt. La cambra també ha aprovat, en aquest cas amb el suport del tripartit i els vots en contra dels tres grups de l'oposició, la llei de concessió d'un crèdit extraordinari i d'un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat per al 2009, tramitada en lectura única. A més, el ple ha donat llum verd a continuar tramitant el projecte de llei de l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya.

La darrera sessió de l'any ha començat amb el debat i la votació finals del projecte de llei de regulació del Cire, que té per finalitat actualitzar aquest òrgan, creat per llei el 1989 perquè es complís el dret al treball dels interns dels centres penitenciaris i de justícia juvenil, i per facilitar-ne la reinserció sociolaboral. La nova regulació estableix que correspon al Cire, entre altres funcions, planificar, gestionar i dirigir els programes de formació professional adreçats als interns i el treball que aquests han de fer, i planteja la possibilitat que el govern creï una societat de capital públic que tingui per objecte promoure, organitzar i controlar el treball productiu d'aquestes persones i la seva formació per a l'ocupació mitjançant activitats industrials i comercials.

La diputada Rosa Maria Ferrer, com a relatora del projecte, ha explicat els treballs duts a terme en comissió. En representació dels grups, han participat al debat Núria de Gispert (CiU), la mateixa Ferrer (PSC-CpC), Miquel Àngel Estradé (ERC), Jordi Montanya (PPC), Salvador Milà (ICV-EUiA) i José Domingo (Grup Mixt).



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Mariano Porras

2012

Primeros minutos de un nuevo dia. En los informativos nocturnos informan que la cumbre de Copenhague no va bien. Es difícil que se llegue a acuerdos importantes porque muchos paises se han presentado sin los deberes hechos. La cumbre contra el cambio climático parece caótica. Da la impresión de que aún vivimos en la edad media, cuando la extinción del mundo conocido podía parecer tan increible como aún hoy le parece a Mariano Rajoy y a su primo. Sin embargo no hay que ser un gran científico para observar que el clima parece cada vez más extraño, que podemos pasar de un calor importante a temperaturas cercanas a cero grados en cuestion de horas, que es dificil que la playa de Blanes no sufra los embates maritimos....etc. Es normal que la cumbre fracase, o en el mejor de los casos que lleguen a acuerdos limitados. Aún hoy en dia parece preocuparle más al ciudadano quien se ocupará de las campanadas de fin de año (Belén, campanas de Belén....¡¡¡que pais ¡¡¡) o las fantasias sesecionistas para que algunos tengan futuro político, con un discurso facilón pero sin contestar a la pregunta clave, ¿ para hacer qué ?.

Hace unos dia vi la película 2012. En fin, puro entretenimiento y efectos especiales made in la fábrica de sueños. Porque claro está que lo que ocurre en la película es imposible ni en el 2012 ni en el 2100. ¿ O me equivoco ?

martes, 14 de abril de 2009

Lamentaciones de semana santa

Lamentable espectáculo el que está ofreciendo el PNV negándose a aceptar una legalidad que, por cierto,le ha permitido gobernar ininterrumpidamente en el pais Vasco casi 30 años. Es el problema de confundir la "nación con el partido". Curioso que argumenten que lo "natural" es que gobiernen ellos siempre. No es la primera vez que ocurre, en otros lares también hemos tenido respuestas similares ante situaciones también democráticas. De nada sirve recordarles que en el ámbito municipal hemos visto combinaciones de lo más variopinto y nadie se ha rasgado las vestiduras (aunque un gobierno de Izquierda Unida y el Partido Popular en un pueblo de Córdoba, Rute, sea para rasgarse algo más que las vestiduras) pero si los partidos políticos son capaces de llegar a acuerdos de gobierno pensando en favorecer los intereses de los ciudadanos es absolutamente legítimo, aunque a algunos no nos guste la combinación. En democracia gobierna el que tiene la capacidad de conseguir legítimamente una mayoría que le de soporte al gobierno.

No hay que lamentar, sino todo lo contrario, que a Eduardo Madina le valoren su excelente trayectoria personal y política. Fue una de las muchas víctimas de ETA, pero ha sido capaz de transmitir unos valores positivos a pesar de ello que hoy en dia son difíciles de escuchar. Siempre he escuchado en los medios de comunicación declaraciones suyas positivas y constructivas, alejadas de posibles deseos de revancha o de odio y resentimiento. Defiende valores importantes con el objetivo de fondo de la paz en Euskadi.Felicidades.

sábado, 21 de marzo de 2009

Lazos blancos

No conozco a nadie que esté promoviendo el aborto, a nadie. Sin embargo sí que he conocido personas que se han visto obligadas a recurrir a esa alternativa que está legalmente recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Son dos cosas distintas y parecería ocioso tener que justificar nuevamente después de tantos años que aquí nadie promueve el aborto, pero viendo que un debate aparentemente cerrado en la sociedad renace de sus cenizas interesadamente por parte de los mismos que ahora nos salen emprendiendo una cruzada contra el uso del preservativo en países subdesarrollados, creo que es necesario volver a explicar que el abortar o no es una decisión siempre dolorosa que ha de ser tomada por la persona afectada en los términos que recoge nuestra legislación.

También recordar que esta legislación se ha visto superada hace tiempo, probablemente porque en su momento no se quiso ser más valiente por no enfrentarse a una parte minoritaria de la sociedad.

También decir que es necesaria una revisión de la ley para adaptarla a las necesidades de nuestra sociedad.

También decir que esa competencia es exclusiva de nuestros legítimos representantes, a los que elegimos más o menos cada 4 años democráticamente y a los que los ciudadanos, libremente, pueden cambiar.

También decir que una parte importante de los que ahora se levantan en contra de cualquier medida terapéutica, comparando al hombre con especies animales, siguen sin presentarse a ninguna contienda electoral, nadie los elige, pero sobretodo, nadie puede cambiarlos ni someten a votación alguna sus postulados.

También decir que, en democracia, tienen todo el derecho a manifestarse y pronunciarse sobre cualquier tema. Pero a lo que no tienen derecho es a imponer sus postulados a una sociedad democrática y tampoco a un gobierno legítimamente elegido.

martes, 27 de enero de 2009

De la huelga de jueces


“Cuando los obreros hacen huelga no es porque no quieran trabajar, sino porque quieren hacerlo en mejores condiciones”.(Francesc Lairet. Gracias Dolors).

La primera cuestión es: los jueces son “obreros”, o utilizando una terminología más actual, “trabajadores”. Este es el primer aspecto que hay que clarificar, porque constitucionalmente tienen limitados algunos derechos como el de afiliarse a sindicatos o a partidos políticos. Esto no quiere decir que los jueces sean “apolíticos”, vemos cada día que en sus autos destilan filosofía e idearios, alguno poco ajustados a un Estado democrático de derecho. Como poder del Estado tienen privilegios y también limitaciones. Una de estas limitaciones derivada es desde nuestro punto de vista el de “huelga”.

Al poder judicial le gustan poco las críticas a su gestión, pero no hay que confundir la independencia judicial con un privilegio de los jueces y una patente de corso para hacer y deshacer. La independencia judicial pretende ser una garantía para los ciudadanos en el sentido que tenemos derecho a una justicia imparcial y ajustada a la ley. Sus autos han de ser respetados, pero no tienen por qué ser necesariamente compartidos.

No hay que confundir esta independencia jurisdiccional con el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político-administrativo sin funciones jurisdiccionales, por tanto sujeto a todas las críticas que se consideren sobre sus decisiones. Por supuesto que la aplicación del régimen disciplinario a un juez si se considera de dudosa coherencia puede y debe ser criticada desde cualquier ámbito y con mayor motivo si esa decisión se ha tomado evidenciando una división muy clara entre un sector que parece haber defendido al “cuerpo” y el resto de miembros del CGPJ que parecen querer aplicar de una manera más rigurosa y con mayor sentido común el reglamento. Es de difícil encaje sancionar a la Secretaria del Juzgado y no al máximo responsable del Juzgado, por mucho que la APM argumente técnicamente lo insostenible. Con esos argumentos se da patente de corso a los jueces y es muy curioso como con argumentos técnicos llegan a la conclusión de que la responsabilidad es….de la Administración, por tanto….del Gobierno de Zapatero.

Dicho esto, es cierto que algunas de las reivindicaciones de los jueces son entendibles y pueden ser atendibles. A nadie se le escapa que el funcionamiento de la justicia continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia. Procedimientos regulados por una Legislación decimonónica, oficinas judiciales que necesitan una reforma en profundidad, falta de profesionalidad y de formación en las personas que trabajan en el ámbito de la justicia, excesiva movilidad , la interinidad elevada y los continuos cambios de jueces y fiscales en un juzgado…(un juez o un fiscal pueden estar solo meses o semanas al frente de un juzgado, una misma causa puede pasar por 2 o más jueces en la fase de instrucción y los señalamientos a juicio se modifican, anulan o suspenden con una facilidad pasmosa. El panorama no es precisamente halagüeño. Hemos llegado al punto que cuando a un jurista le ofrecen una vacante o una substitución en un juzgado, lo primero que hace es personarse e informarse de los “asuntos pendientes” y en función de cómo vea el panorama acepta o no.

El panorama es feo, pero no es igual en todas partes y no es igual en función de quien gobierne. Sorprende el momento escogido, justamente en un momento en el que se están planteando y llevando a cabo muchas de las reformas imprescindibles, y en esta ocasión aportando la dotación económica correspondiente. Como podemos ver, en Catalunya, en 1993 el presupuesto era de 990 M/€ y en el 2004 1.117 M/€, en 11 años se incrementó en 127 M€. En 2009 es de 1619 M€, 502 M€ de incremento en 6 años.

La ciutat de la justicia en l’Hospitalet es una buena muestra del esfuerzo realizado, de inversión de recursos y de modernización y dignificación. Pero también se han abierto nuevos edificios judiciales en el resto de Catalunya (Terrassa…) y se han puesto en marcha durante el 2008 21 nuevos órganos judiciales, entre ellos dedicados a violencia doméstica, instrucción, Audiencias provinciales y 1 nuevo juzgado de Vigilancia penitenciaria

Resulta pues curioso que los jueces de Barcelona secunden alegremente una huelga reivindicando cuestiones a las que se les está intentando dar respuesta.

Por tanto, entendemos que el problema fundamental de la justicia es la necesidad de una gestión eficaz y eficiente, porque es cierto que el número de asuntos se ha incrementado. El uso y abuso del recurso a la via judicial y las reformas legislativas han incrementado notablemente el volumen de asuntos a tratar. Necesitamos, tanto o más que incrementar los recursos, un cambio de modelo y un cambio de cultura, pero la judicatura no parece estar por la labor del indispensable cambio de registro sino más bien por el mantenimiento de privilegios y con fuertes resistencias a modificar planteamientos. Por cierto que de sus reivindicaciones no se desprenden aspectos ni propuestas de cambio que deba partir de ellos mismos.

En resumen. A veces es necesario poner en crisis un sistema para poder entrar a modificarlo en profundidad. Quizás esta crisis provocada por la judicatura y jaleada por sus asociaciones (unas más que otras), nos pueda servir para debatir y abordar la necesaria adaptación a un contexto democrático de la justicia en nuestro país.

Creo que debemos apostar por el diálogo entre los diferentes poderes del Estado porque pensamos que la responsabilidad institucional y la necesaria lealtad son elementos que han de ser puestos en valor para poder conseguir una administración de justicia eficaz, diligente y de calidad que es la que todos deseamos en beneficio del ciudadano, como uno de los derechos básicos.