Justicia, Educación y sanidad para todos

La justicia y la igualdad son derechos que están en riesgo actualmente.

No cabe duda que cada dia tenemos ejemplos de situaciones donde podemos observar claramente que el camino hacia la igualdad en cuestiones básicas como la salud y la lucha entre la vida y la muerte no tienen la misma respuesta.

El discurso imperante es que el que quiera tener "seguridad social" que se la pague. Confunden términos, porque cuando nos lanzan este discurso nos esconden que detrás de la "seguridad social y a la salud" está el derecho a la vida, que es algo a lo que no podemos renunciar de ninguna manera y dejarlo también al dictado de "los mercados", pues el resultado será que solo quien pueda pagarlo tendrá derecho a la salud.

Ah, y no olvidemos que actualmente quien pierde la salud puede perder también el empleo.

Finalmente vamos viendo que van desgranando, siguiendo el guión previsto, todo el programa oculto.

Esta semana toca nada más y nada menos que la Educación y la Sanidad. El neoliberalismo avanza triunfante, y lo más doloroso es que, en una sociedad que afortunadamente ha conseguido avanzar en los últimos 30 años en derechos sociales básicos como la educación, pretenden tratarnos como lerdos cambiándole el nombre a las cosas para intentar ocultar su vergonzante actuación. No fueron capaces de exponer ante los ciudadanos antes de las elecciones lo que iban a hacer. Pasadas las elecciones, las hemerotecas están llenas de desmentidos suyos sobre los ataques a los derechos dolorosamente adquiridos por los ciudadanos. Ahora no sabemos qué van a decir ante tantas mentiras como les hemos escuchado.

Cuando a los ciudadanos se les miente y luego se toman las decisiones contrarias a las que se decían y cuando el sufrimiento se extiende sobretodo a las capas sociales más desfavorecidas, se está creando el caldo de cultivo para repetir desastres que aún están frescos en la memoria colectiva. Y cuando los gobernantes se plantean modificar el código penal como instrumento para resolver problemas sociales, simplemente están reconociendo su fracaso político y su miedo a la reacción popular.

El ahorro en educación, sanidad y justícia es posible que se tenga que invertir en seguridad.

Justicia de todos

Hemos olvidado que la justicia emana del pueblo, según dice la CE de 1978.

Hemos de reivindicar que una democracia no es completa si no puede garantizar a sus ciudadanos el acceso a un servicio esencial como el de la justícia. Y que los recortes en justicia dejan en situación de indefensión a los ciudadanos. Porque a diferencia de otros derechos básicos, no hay posibilidad de optar por una justicia privada. Y porque los que viajan en primera clase del Titanic, buscan y encuentran vias alternativas para no naufragar, pero el común de los mortales no tiene recursos y por tanto su futuro está determinado si no es protegido por la justicia de todos.

Dependencia y olvido social

En estos tiempos en los que la economia domina totalmente el debate diario, hay quienes aprovechan para conseguir unos objetivos propios aprovechando el ensimismamiento social en el que estamos sumidos.

Parece que hemos olvidado colectivamente todo aquello que no sea lo económico, Los valores sociales y las necesidades de las personas. Hoy es un ataque contra las personas dependientes -ojo, también contra la creación de empleo en el tercer sector-, como si ellas fueran culpables de la desviación presupuestaria o de la codicia de los mercados. Y hay que ponerle nombre a las cosas, porque en caso contrario no se entenderá. Reducir las prestaciones supone en muchos casos condenar a algunas personas a una muerte en vida prematura, abandonados a sus nulos recursos económicos o a la imposibilidad de ser atendidos por otras personas. Y esto es grave, porque en ocasiones, las cuidadoras son parejas que se encuentran en similar situación de dependencia, por su edad o por su situación de salud.

Una sociedad que recorta prestaciones que dan un aliento de vida a nuestros mayores, sin duda es una sociedad enferma. Aunque la responsabilidad primera es de aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones, en su ámbito, en este caso el gobierno central, extremadamente preocupado por la prima de riesgo y la caida de la bolsa y escasamente sensible a la caida y los graves problemas de supervivencia de las personas.

Recortes en Justicia, Gallardon se luce

Gallardón también ha recortado, con alegria, sus presupuestos. Difícil de entender será que pueda mejorar el funcionamiento de la justícia en un momento donde asistimos diariamente al progresivo bloqueo de este servicio esencial para los ciudadanos. Una broma parece el crecimiento destinado a justícia gratuita, el único que se salva. Aunque son significativos los escasos recortes en el CGPJ i el TC. Curioso.


La dotación para la política de Justicia en 2012, que contempla el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE), es de 1.612,63 millones de euros, un 5,9% menos que el año anterior, e incluye recortes en casi todas las partidas, salvo la destinada al sistema de justicia gratuita.

Fuentes del departamento que dirige Alberto Ruiz-Gallardón han informado que el incremento en un 7,2% del presupuesto dedicado a este capítulo -desde los 31,85 millones de euros de gasto en 2011 hasta los 34,15 millones de euros previstos ahora- responde a la necesidad de adecuar el gasto "a la demanda real" de este servicio.

La cantidad citada "permitirá que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de medios económicos para litigar puedan proveerse de los profesionales necesarios en defensa de sus derechos e intereses legítimos", explica el proyecto de PGE presentado hoy.

Éste es prácticamente el único apartado que no se ve afectado por los recortes, empezando por el que se lleva la mayor parte del presupuesto: los gastos de personal, a los que se dedicarán 1.302,17 millones de euros frente a los 1.323,31 millones de euros que figuraban en el proyecto de PGE del año pasado, es decir, un 1,6 por ciento menos.

La disminución de gasto es especialmente destacada en los programas de inversión, a los que se destinan 90,31 millones de euros frente a los 158,02 millones de euros de 2011, lo que supone un recorte del 48,2 por ciento.

De esta última cantidad, 53,57 millones se dedicarán a la modernización tecnológica, un 49,2 por ciento menos que el año pasado, cuando este capítulo se llevó 105,4 millones de euros.

Este dinero tiene como objetivo asegurar una plataforma informática que garantice la interoperatividad y la compatibilidad de cualquier sistema de gestión procesal, según explica el proyecto de PGE.

Por último, el desarrollo del Plan de Infraestructuras y Equipamiento contará con una dotación de 36,74 millones de euros, un 25,28 por ciento menos que en 2011, cuando se invirtieron 49,17 millones de euros.

Aunque la Justicia es el servicio público básico que ocupa un menor porcentaje de los PGE -un 0,5 por ciento, por debajo de la política exterior (0,9), la defensa (2,2) y la seguridad ciudadana y las Instituciones Penitenciarias (2,7)-, debe tenerse en cuenta que doce Comunidades Autónomas tiene las competencias transferidas en esta materia y cuentan con sus propios presupuestos.

El proyecto de PGE también incluye el presupuesto destinado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que baja un 3,9 por ciento -de 74,24 millones de euros en 2011 a 71,35 millones de euros ahora- y el del Tribunal Constitucional, que se reduce en un 3,4 por ciento al pasar de los 26,44 millones de euros del año pasado a los 25,53 millones de euros.