“Cuando los obreros hacen huelga no es porque no quieran trabajar, sino porque quieren hacerlo en mejores condiciones”.(Francesc Lairet. Gracias Dolors).
La primera cuestión es: los jueces son “obreros”, o utilizando una terminología más actual, “trabajadores”. Este es el primer aspecto que hay que clarificar, porque constitucionalmente tienen limitados algunos derechos como el de afiliarse a sindicatos o a partidos políticos. Esto no quiere decir que los jueces sean “apolíticos”, vemos cada día que en sus autos destilan filosofía e idearios, alguno poco ajustados a un Estado democrático de derecho. Como poder del Estado tienen privilegios y también limitaciones. Una de estas limitaciones derivada es desde nuestro punto de vista el de “huelga”.
Al poder judicial le gustan poco las críticas a su gestión, pero no hay que confundir la independencia judicial con un privilegio de los jueces y una patente de corso para hacer y deshacer. La independencia judicial pretende ser una garantía para los ciudadanos en el sentido que tenemos derecho a una justicia imparcial y ajustada a la ley. Sus autos han de ser respetados, pero no tienen por qué ser necesariamente compartidos.
No hay que confundir esta independencia jurisdiccional con el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano político-administrativo sin funciones jurisdiccionales, por tanto sujeto a todas las críticas que se consideren sobre sus decisiones. Por supuesto que la aplicación del régimen disciplinario a un juez si se considera de dudosa coherencia puede y debe ser criticada desde cualquier ámbito y con mayor motivo si esa decisión se ha tomado evidenciando una división muy clara entre un sector que parece haber defendido al “cuerpo” y el resto de miembros del CGPJ que parecen querer aplicar de una manera más rigurosa y con mayor sentido común el reglamento. Es de difícil encaje sancionar a la Secretaria del Juzgado y no al máximo responsable del Juzgado, por mucho que la APM argumente técnicamente lo insostenible. Con esos argumentos se da patente de corso a los jueces y es muy curioso como con argumentos técnicos llegan a la conclusión de que la responsabilidad es….de la Administración, por tanto….del Gobierno de Zapatero.
Dicho esto, es cierto que algunas de las reivindicaciones de los jueces son entendibles y pueden ser atendibles. A nadie se le escapa que el funcionamiento de la justicia continúa siendo una de las asignaturas pendientes de la democracia. Procedimientos regulados por una Legislación decimonónica, oficinas judiciales que necesitan una reforma en profundidad, falta de profesionalidad y de formación en las personas que trabajan en el ámbito de la justicia, excesiva movilidad , la interinidad elevada y los continuos cambios de jueces y fiscales en un juzgado…(un juez o un fiscal pueden estar solo meses o semanas al frente de un juzgado, una misma causa puede pasar por 2 o más jueces en la fase de instrucción y los señalamientos a juicio se modifican, anulan o suspenden con una facilidad pasmosa. El panorama no es precisamente halagüeño. Hemos llegado al punto que cuando a un jurista le ofrecen una vacante o una substitución en un juzgado, lo primero que hace es personarse e informarse de los “asuntos pendientes” y en función de cómo vea el panorama acepta o no.
El panorama es feo, pero no es igual en todas partes y no es igual en función de quien gobierne. Sorprende el momento escogido, justamente en un momento en el que se están planteando y llevando a cabo muchas de las reformas imprescindibles, y en esta ocasión aportando la dotación económica correspondiente. Como podemos ver, en Catalunya, en 1993 el presupuesto era de 990 M/€ y en el 2004 1.117 M/€, en 11 años se incrementó en 127 M€. En 2009 es de 1619 M€, 502 M€ de incremento en 6 años.
La ciutat de la justicia en l’Hospitalet es una buena muestra del esfuerzo realizado, de inversión de recursos y de modernización y dignificación. Pero también se han abierto nuevos edificios judiciales en el resto de Catalunya (Terrassa…) y se han puesto en marcha durante el 2008 21 nuevos órganos judiciales, entre ellos dedicados a violencia doméstica, instrucción, Audiencias provinciales y 1 nuevo juzgado de Vigilancia penitenciaria
Resulta pues curioso que los jueces de Barcelona secunden alegremente una huelga reivindicando cuestiones a las que se les está intentando dar respuesta.
Por tanto, entendemos que el problema fundamental de la justicia es la necesidad de una gestión eficaz y eficiente, porque es cierto que el número de asuntos se ha incrementado. El uso y abuso del recurso a la via judicial y las reformas legislativas han incrementado notablemente el volumen de asuntos a tratar. Necesitamos, tanto o más que incrementar los recursos, un cambio de modelo y un cambio de cultura, pero la judicatura no parece estar por la labor del indispensable cambio de registro sino más bien por el mantenimiento de privilegios y con fuertes resistencias a modificar planteamientos. Por cierto que de sus reivindicaciones no se desprenden aspectos ni propuestas de cambio que deba partir de ellos mismos.
En resumen. A veces es necesario poner en crisis un sistema para poder entrar a modificarlo en profundidad. Quizás esta crisis provocada por la judicatura y jaleada por sus asociaciones (unas más que otras), nos pueda servir para debatir y abordar la necesaria adaptación a un contexto democrático de la justicia en nuestro país.
Creo que debemos apostar por el diálogo entre los diferentes poderes del Estado porque pensamos que la responsabilidad institucional y la necesaria lealtad son elementos que han de ser puestos en valor para poder conseguir una administración de justicia eficaz, diligente y de calidad que es la que todos deseamos en beneficio del ciudadano, como uno de los derechos básicos.
